¿Ransomware? ¿Qué pasó con Claro?

Durante los últimos días los usuarios de Claro, identificaron anomalías en el servicio que esta empresa brinda, con el transcurso de los días y las dudas de los usuarios la empresa publicó a través de sus redes sociales un comunicado donde informaba la existencia de algunos inconvenientes dentro de la red de telefonía móvil, lo cual podía afectar el servicio de recarga y presentar intermitencia en los servicios de voz y datos.

Fue hasta el pasado 2 de febrero desde su página nicaragüense que comunicaron escuetamente la existencia de una actividad anómala en algunos de sus sistemas, por lo que tomaron medidas inmediatas para investigar; determinando que se trataba de un incidente de ransomware en algunos de sus equipos, por lo que, como parte de sus protocolos, dichos equipos fueron aislados y decidieron apagar otros sistemas como medida precautoria.

En ese orden de ideas, resulta imperativo comprender qué es ransomware, en virtud que paralizó la actividad de esta empresa y qué implicaciones puede tener esta situación para los usuarios y su privacidad, pero sobre todo qué acciones se pueden emprender desde la Administración Pública para prevenir estas circunstancias.

Según información publicada por la empresa tecnológica IBM; “el ransomware es un programa informático maligno que bloquea los datos o el dispositivo de una víctima”, en términos prácticos es un virus que accede a información de la base de datos de una empresa, con una infinidad de intenciones, lo cual lo convierte en una herramienta peligrosa y en esta ocasión su víctima fue Claro, pero sobre todo sus usuarios y su información.

Los ataques de cibersecuestro han evolucionado para incluir ataques de doble y triple extorsión. Los ataques de doble extorsión añaden la amenaza de robar los datos de la víctima, sus usuarios y filtrarlos en internet. Además, los ataques de triple extorsión amenazan con utilizar los datos robados para atacar a los clientes o socios comerciales de la víctima a través del phishing, lo cual no es más que la extorsión a través de mensajes o correos electrónicos que cada vez se popularizan más.

Honduras y sus políticas de protección de datos

En Honduras, mayormente, con el inicio de la pandemia en el año 2020, se adoptaron muchas medidas para que la ciudadanía permaneciera en sus hogares, uno de ellos fue el Teletrabajo, medida que ha ido desapareciendo con el retorno a la normalidad pero que nos hizo mucho más dependientes de los dispositivos electrónicos y de las empresas de telecomunicaciones; también se generó emprendimiento en redes sociales y empresas de entrega de productos de cualquier tipo a domicilio, por lo cual con la caída del servicio de Claro, estos negocios pudieron verse afectados con la intermitencia de datos o la saturación del sistema de servicio al cliente; así como también la micro empresa que basa parte de sus ingresos en la venta de Recargas, pero más preocupante aún resulta saber si los datos que todo usuario proporciona a la empresa de telefonía están expuestos (nombre, número de identidad, dirección, lugar de trabajo, ingresos, datos de tarjetas de crédito o débito, etc…).

Lo que nos hace preguntarnos, ¿quién regula estas compañías y la protección a los datos de sus usuarios? A pesar que no hay una normativa específica en el tema la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones en su reforma según decreto N. 325-2013 establece en su Artículo 2: “Corresponde al Estado, por medio del Presidente de la República, la formulación de las políticas relacionadas con las telecomunicaciones y las Tecnologías de la información y Comunicaciones (TICs); y por medio de CONATEL regular y fiscalizar la explotación y operación de telecomunicaciones y sus aplicables en las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs), que se realicen los operadores de este tipo de servicios, sus asociados y los particulares…”

Asimismo, La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico a través de la Dirección General de Protección al Consumidor es la autoridad de Aplicación de la ley de Protección al consumidor; la cual debe proteger, defender y hacer que se cumplan los derechos de los consumidores regulando las relaciones de consumo, a la fecha ninguna de estas instituciones ha expresado una postura en relación a este caso.

Es evidente que la institucionalidad hondureña se ha quedado rezagada en esta materia, mientras el ente rector de las telecomunicaciones hace más énfasis en “transmitir” irregularmente eventos deportivos por el canal del gobierno, las telecomunicaciones son un foco de exposición a la vida privada y sobre todo a la seguridad de todos los hondureños.

Por lo anterior resulta urgente plantear la necesidad real, de que toda sociedad mercantil que, por la naturaleza de su Mercado, maneje datos confidenciales de ciudadanos estén obligadas a tener mecanismos de ciberseguridad que protejan esta información de ataques como el que recientemente ocurrió con esta empresa, pero todas se encuentran vulnerables a estas amenazas por lo cual legislar en esta materia y fortalecer las instituciones reguladoras hoy más que nunca es una prioridad.